Encabezada por la titular de la Legislatura, Elida Cuesta, en la jornada legislativa las y los diputados, luego de dar tratamiento a la iniciativa impulsada por la presidenta y elaborada junto a la Fundación Natalia Samaniego, dieron sanción a la normativa que forma parte de medidas preventivas, educativas y legislativas necesarias para mejorar la realidad de las víctimas de violencia de género.
También, el Parlamento chaqueño aprobó los protocolos y manuales de actuación de procedimiento para la preservación de lugar del hecho y la escena del delito, como resultado del acta de compromiso de solución amistosa suscripta por el gobernador Jorge Capitanich y las ciudadanas Andrea Martínez y Silvia Encaje.
Se estableció una capacitación obligatoria en derechos humanos para la prevención de la violencia institucional, el odio, el racismo, la discriminación y la xenofobia para todas las personas que se desempeñen en la función pública; y se sancionó la incorporación en la currícula escolar de un eje educativo vinculado a la protección de los derechos de los animales y a la tenencia responsable de animales domésticos.
Por ley, la provincia adhirió al Día de la Persona Donante de Órganos, que se conmemorará cada 29 de agosto; se creó el Programa de Promoción y Difusión de los Deportes Electrónicos; se sancionó la expropiación de un inmueble en Charadai destinado a un albergue de personas mayores y, por último, la octava ley aprobada en sesión fue la autorización a la utilización de TIC para digitalizar las funciones de la Dirección de Trabajo.
Como cuestión previa y recordando la memoria del exdiputado Egidio García, hubo un minuto de silencio y diputadas y diputados destacaron su lucha por las causas indígenas, observando con beneplácito el inicio del juicio por la Masacre de Napalpí.
Finalmente, las y los legisladores acordaron convocar a sesión especial, para el próximo miércoles 16 de marzo, para tratar los pliegos de designaciones de funcionarios. La reunión tendrá inicio a las 13.45.
Aprueban por ley manuales y protocolos de actuación para la etapa investigativa de procesos penales
La norma da fuerza de ley al Manual de Procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho y la Escena del Delito; Protocolo Unificado de los Ministerios Públicos de la República Argentina; Protocolo Único de Examen de Salud por Delitos contra la Integridad Sexual; y Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres (femicidios) – UFEM.
Fue impulsada por los diputados Juan Carlos Ayala, Jessica Ayala, Juan José Bergia, Gladis Cristaldo, Teresa Cubells, Nadia García Amud, Juan Manuel Pedrini, y Hugo Sager; como resultado del acta de compromiso de solución amistosa, suscripta por el gobernador Jorge Capitanich y las ciudadanas Andrea Martínez y Silvia Encaje, el 7 de abril de 2021, en el marco del caso 13595 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, caratulado “Amanda Graciela Encaje y Familia vs. Argentina”.
El diputado justicialista Hugo Sager fundamentó el proyecto y señaló “además de la sanción de los protocolos que estamos propiciando hoy, se incorporó la creación del Observatorio de las Víctimas de Delitos y la implementación del Banco Genético Provincial entre otras acciones” y agregó: “Pedimos el acompañamiento porque existe un compromiso del Estado provincial para con las víctimas, los familiares y la Comisión Interamericana de DDHH y resaltamos como lo hicieron en su momento los familiares, que no existe aquí la búsqueda de ningún beneficio económico, sino la voluntad de dotar a nuestra provincia y al sistema judicial de protocolos que permanezcan en el tiempo y garanticen a las víctimas de delito la justicia que se busca”.
Su par, Jessica Ayala, se refirió en particular al Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres y apuntó que “a pesar de los notables avances ocurridos en los últimos años persisten algunas condiciones para que los casos de femicidios queden impunes e invisibilizados, y esos déficits derivan a menudo de la falta de comprensión por parte de los y las operadores de la justicia de las características de la violencia de género, de sus causas, de su gravedad, de sus manifestaciones específicas y de sus consecuencias” y señaló que, en ese marco, “este protocolo ofrece a las y los integrantes del Ministerio Público Fiscal pautas sencillas y ágiles para investigar y litigar casos de muertes violentas de mujeres de manera eficaz y con perspectiva de género”.
Teresa Cubells puntualizó que “los protocolos que aquí convertiremos en ley aportan procesos científicos a las investigaciones de delitos y en especial a delitos contra la integridad sexual y casos de muertes violentas de mujeres, estableciendo además que el Ministerio Público Fiscal, como autoridad de aplicación, tendrá a su cargo un plan de capacitación continua, gratuita en modalidad virtual o presencial y en servicio, eso realmente, como todo lo anteriormente dicho por mis colegas tiene muchísima importancia y peso en esta realidad que hemos descripto”.
Bergia recordó que “Amanda Encaje y Néstor Vivo, asesinados en 1992, fueron víctimas también de una investigación judicial plagada de irregularidades” y agregó “nosotros desde nuestro espacio vamos a acompañar todo el manual de procedimiento que surgió en la Comisión de DDHH, donde nos comprometimos con esa familia que viene pidiendo investigación y justicia desde 1992, no quedan dudas que tenemos que buscar la eficiencia en los procesos judiciales y en ese sentido también es necesario un compromiso de la Justicia”.
Juan Carlos Ayala agradeció “el apoyo de la oposición y fundamentalmente de una diputada que hoy no nos acompaña, pero que ha trabajado mucho en este tema, que es la diputada mandato cumplido Gladis Cristaldo, quien ha recibido junto a nosotros y muchas veces sola a los familiares de estas víctimas y ha empujado este proyecto que hoy tiene el apoyo de la mayoría, se trata de cumplir con los compromisos asumidos y por eso vamos a apoyar este proyecto”.
Crean el Programa de Promoción y Difusión de los Deportes Electrónicos
Impulsada por los diputados Nadia García Amud (M/C), Claudia Panzardi y Leandro Zdero, se sancionó la Ley 3515-S, que crea el Programa Provincial de Promoción y Difusión de Deportes Electrónicos, para el fomento y el crecimiento cualitativo de este tipo de actividad que consiste en competiciones de videojuegos estructuradas a través de jugadores, equipos, ligas, publishers, organizadores, broadcasters, patrocinadores y espectadores.
La norma apunta a que se lleven a cabo medidas para dar un marco al ámbito de los deportes electrónicos y, a través de esto, mejorar la oferta didáctica de cara a potenciar la formación en el desarrollo y producción del sector de los deportes electrónicos, persiguiendo también elaborar programas públicos de apoyo a la producción y distribución, entre otras cuestiones.
La diputada Panzardi recordó que “en nuestra provincia el Instituto del Deporte Chaqueño reconoció expresamente esta actividad como deporte al registrar a la asociación civil Deportes Electrónicos Norte Club como club deportivo” y explicó que “los deportes electrónicos existen desde hace muchos años, pero es en la actualidad cuando están viviendo su mejor momento en términos de notoriedad, inversión y seguidores, y su necesario reconocimiento por parte del Estado provincial favorecería el buen uso social, recreativo y educativo”.
Zdero agradeció “a todos esos jóvenes que persiguieron y motorizaron este sueño y que trabajaron mucho, especialmente a toda la comunidad gamer de nuestra provincia” y resaltó que “tratar este proyecto para nuestra provincia es estar en vanguardia fundamentalmente porque seremos pioneros en esto que es la práctica de deportes electrónicos, estamos dando respuestas a una demanda que crece en el mundo, en el país y en la provincia”.
Sancionan expropiación de un inmueble en Charadai destinado al albergue de personas mayores
El diputado Hugo Abel Sager impulsó la iniciativa que declara de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Charadai, departamento Tapenagá, que será destinado a la construcción de un centro de inclusión municipal para albergar personas mayores en situación de calle o a quienes sus familiares no pudieran darle albergue por razones de lugar o falta de medios.
Sager señaló que esta expropiación fue solicitada por las autoridades municipales de la localidad, mediante una ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, y recordó que “existe un acuerdo con los propietarios del terreno, y esto no demanda al Estado provincial fondos, sino que el gasto que demande será imputado a la partida especial del presupuesto de la Municipalidad de Charadai, gesto que nosotros destacamos”.
El legislador agradeció en este sentido el acompañamiento de sus pares en la sanción de la norma que “significa para esta comunidad del departamento Tapenagá un importante avance en atención al mejoramiento de la calidad de vida de estos ciudadanos chaqueños en situación de vulnerabilidad”.
El Poder Legislativo declara de interés la celebración del 93er aniversario de Colonias Unidas
Se aprobó por unanimidad una resolución por medio de la cual se declara de interés cultural, legislativo y provincial la celebración por los 93 años de la fundación de Colonias Unidas, que se llevará a cabo el 28 de marzo del corriente año.
La resolución adhiere a los actos oficiales a realizarse en la citada localidad y saluda cordialmente a sus habitantes con motivo de los festejos por su aniversario, dando así un reconocimiento a los fundadores, quienes con su espíritu y dedicación fueron capaces de construir y contribuir al desenvolvimiento de esa comunidad.
En el marco de la celebración se destaca la Primera Expo Fiesta Regional del Arraigo y la Ruralidad – Jineteada y Folclore, con exposición de equinos, ovinos, caprinos y porcinos, “a los fines de revalorizar la identidad local y cultural de sus pobladores, sus usos y costumbres, resaltando la tradición como elemento fundamental para el reconocimiento identitario de los pueblos”.
Impulsaron esta declaración, mediante diversas iniciativas, los legisladores Claudia Panzardi, Juan José Bergia, Zulma Galeano, Elida Cuesta y Rodrigo Ocampo.
Trabajadores de los tres poderes del Estado deberán capacitarse en derechos humanos
Con el objetivo de consolidar una provincia libre de odio y prevenir la violencia institucional, el cuerpo legislativo sancionó la Ley 3515 que establece la formación obligatoria en la temática de derechos humanos, dirigida a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autárquicos y descentralizados y empresas del Estado provincial.
El fin de la capacitación es que los destinatarios puedan consolidar una provincia libre de odio; comprender los abordajes de derechos humanos en el marco de la política pública jurisdiccional que desarrollan y su rol como garantes de derechos; identificar las violaciones de DDHH y analizar las causas subyacentes de la violencia institucional, prevenir las mismas, el odio, la discriminación, el racismo y la xenofobia, mediante la aplicación de criterio de interculturalidad, cumpliendo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas en todos los poderes del Estado.
La diputada Mariela Quirós expresó que “a quince días de estar conmemorando el 45º aniversario del golpe cívico-militar, y como víctima de esa etapa tan oscura del país, celebro que podemos discutir esta ley, que los agentes de todos los poderes sean parte de una capacitación obligatoria. Durante años nosotros tuvimos prohibida la posibilidad de hablar, pero gracias a las políticas públicas de los últimos quince años, tenemos políticas vinculadas a los derechos humanos, por eso ponemos en valor que esto propicia el fortalecimiento de la democracia, la transversalidad en términos de políticas públicas y es fundamental que el Estado desarrolle una estrategia de formación y capacitación de sus agentes”, remarcó.
Podrán donar muebles públicos en desuso a centros de atención a víctimas de violencia de género
Diputados dieron sanción a la Ley 3518 A, por la cual se autoriza a los organismos públicos del Chaco a destinar, vía donación, los bienes muebles de su propiedad dados de baja, a favor de fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, oenegés, asociaciones, entidades de bien público dedicadas a la atención de las víctimas de violencia de género o a familiares de las víctimas de femicidio. La iniciativa fue impulsada por la presidenta Elida Cuesta, a raíz de una propuesta de la Fundación Natalia Samaniego.
Se consideran bienes en desuso a aquellos bienes muebles, aparatos electrónicos, informáticos y útiles obsoletos, inadecuados, excedentes, destruidos o deteriorados por el uso, que integran el patrimonio de los organismos del Estado provincial. En tanto las reparticiones deberán agilizar de manera prioritaria el procedimiento de baja y de disposición final de los bienes muebles de su propiedad, con la finalidad de un claro aprovechamiento de los bienes a favor de las entidades que atienden a víctimas de violencia.
En el recinto, la diputada Andrea Charole pidió la aprobación de la ley considerando que se trata de “una iniciativa útil, preventiva, concreta y educativa que tiene como objeto mejorar la realidad de las víctimas de violencia al contemplar la posibilidad de autorizar que los organismos públicos donen sus bienes en desuso”. Además, recalcó que “esta propuesta fue trabajada con la Fundación Samaniego, lo que significa que esta Legislatura está pendiente de las demandas de la comunidad”.
Por ley se enseñará sobre protección de derechos de los animales en establecimientos educativos
A partir de una iniciativa del bloque Frente Integrador, el Poder Legislativo aprobó la Ley 3519-E, por la cual se incorpora en el diseño curricular educativo de todos los niveles un eje vinculado a la protección de los derechos de los animales; tenencia responsable; prácticas de prevención de enfermedades zoonóticas y campañas de esterilización. Los autores de la ley consideraron importante generar espacios y políticas de concienciación sobre el cuidado de animales en niñas y niños en edad escolar.
Antes de la votación, la diputada Pérez Otazú destacó la importancia de que niñas, niños y adolescentes cuenten con esta ley. “La escuela es un lugar donde se forman niñas y niños, por eso desde la función pública debemos garantizar el derecho que le corresponde, ya que muchas veces no tienen un hogar donde aprender sobre cómo cuidar la fauna chaqueña, los animales autóctonos y los que están en extinción”.
Adhieren al Día Nacional de la Persona Donante de Órganos
Por unanimidad, el Poder Legislativo sancionó una iniciativa de la titular del parlamento, Elida Cuesta, por la cual el Chaco adhiere a la Ley Nacional 27575, que declara el 29 de agosto de cada año como el Día de la Persona Donante de Órganos. La fecha elegida tiene que ver con el fallecimiento de Antonella Trivisonno, la niña rosarina que sufrió un siniestro vial mortal en 1999 y cuyos órganos fueron donados.
La Legisladora Paola Benítez explicó la relevancia que tiene para la provincia adherir a la ley nacional. “Es necesario recordar que el número de personas que requieren de trasplantes va aumentando cada año, aquí en el Chaco, en relación a pacientes crónicos con patologías renales, tenemos 160 personas que están a la espera de un trasplante de riñón y 220 pacientes que ya han recibido una intervención porque hay una familia que decidió donar órganos”. “Contar que si se produce una donación de órganos se puede ayudar hasta a ocho personas con distintos órganos y hasta a 85 con tejidos que se pueden distribuir”.
Autorizan la utilización de TIC para digitalizar las funciones de la Dirección de Trabajo
Como último punto de la sesión, se aprobó la Ley 3521, por medio de la cual se habilita la utilización de las tecnologías de información y comunicación en relación a controversias individuales de trabajo. El objetivo es otorgar una solución inmediata a los trabajadores y empleadores que deban requerir los servicios de esta dependencia. El proyecto fue presentado por los diputados Enrique Paredes (MC) y Nicolás Slimel.
Como autor del proyecto, Slimel señaló que si bien surgió en un comienzo por las restricciones impuestas durante el inicio de la pandemia, con esta ley se busca digitalizar la labor de la Dirección Provincial de Trabajo.
“Modificamos el texto original porque entendemos que la tecnología viene a quedarse, por eso trabajamos en conjunto con la oposición con el fin de otorgar una herramienta para realizar sin demoras las audiencias que van de acuerdo a los conflictos individuales y no genera ningún tipo de costo”. “La Dirección actualmente tiene cinco delegaciones, por eso es un proyecto que va en beneficio de la igualdad y la protección de los derechos de los trabajadores”, concluyó.