“Sin dejar de reconocer el problema social que afecta a muchas personas en cuanto al acceso a la vivienda, dicha necesidad no se resuelve con conductas ilícitas. Manifestamos nuestra preocupación y repudio a las usurpaciones de la propiedad privada , generalmente por grupos organizados, de actuar violento, con fines políticos y/o negocios económicos. Estas acciones son ilegales y constituyen lisa y llanamente un grave delito que atenta contra el derecho de las personas”.
“La sociedad necesita de la protección razonable y justa de la propiedad para su progreso y desarrollo. Tal como lo establece nuestra Constitución Nacional en sus artículos 14 y 17, los cuales establecen que tenemos derecho a usar y disponer de nuestra propiedad y que es inviolable. Ante estos hechos delictivos injustificados, destacamos la actuación que viene desarrollando la justicia, en respuesta a las víctimas que necesitan proteger su propiedad, su derecho. Por ello, solicitamos al Gobierno que salga de su estado de letargo, muchas veces cómplice, y que ejerza su autoridad, actuando con el uso pleno de la fuerza pública frente a la petición de la justicia para resolver una intrusión u ocupación ilegítima”.
“El derecho a la propiedad es reconocido también por nuestra Constitución Provincial que, en su artículo 40 establece, “La propiedad privada es inviolable y el ejercicio de ese derecho está subordinado al interés social”. La propiedad es el pilar esencial para sostener a una sociedad próspera y activa y el incentivo para poner en marcha emprendimientos y mejorar la calidad de vida”.
“Por último y no menos importante, las usurpaciones son un delito previsto en el Código Penal en su artículo 181 que corresponde aplicar sin más trámite, para resolver la cuestión y restituir el inmueble a su propietario. De este modo, la Justicia no solo aplica sino que también ejecuta lo que por ley corresponde, así acercaremos el derecho a la razonabilidad y eficacia que necesitamos, tantas veces olvidado”, concluye expresando el legislador.