Estamos en una situación crítica. La pobreza y la malnutrición son problemas estructurales, que durante el gobierno anterior se profundizaron dramáticamente.
Hay que tener presente que en este marco estamos afrontando una pandemia de dimensiones desconocidas.
Luego de una denuncia por sobreprecios, se frenaron las compras de alimentos secos en Desarrollo Social de la Nación. La consecuencia de ello: hace quince días que no se entregan alimentos para abastecer los comedores comunitarios.
Es un grave error que se hayan suspendido estas provisiones. Las sanciones no han sido para los proveedores inescrupulosos, se está castigando a los que menos tienen, a los más vulnerables, a los que pasan hambre.
La Ley de Abastecimiento plantea en su art. 27: “Frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población, la autoridad de aplicación podrá disponer mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación.”